Por un lado está la ratificación de la moratoria a la minería metálica a cielo abierto, que hizo la presidenta, y de la cual no ha dado señales de querer revocar.

Esta moratoria suspende el desarrollo de nuevas minas de oro a cielo abierto y subterráneas que utilizan mercurio y cianuro en el proceso extractivo, y prohíbe la emisión de nuevos permisos.

Por otro está la decisión del gobierno de que no habrá más minería en el país, a excepción de aquellos proyectos que ya tienen permisos otorgados.

Y ese es el caso de Crucitas, que recibió la autorización ambiental para su desarrollo en septiembre del 2005, pero en octubre del 2008 debió paralizar sus actividades por una impugnación por parte de particulares pese a haber obtenido la aprobación del estudio de impacto ambiental.

Asimismo, recientemente se supo que el gobierno de Chinchilla revisaría y revocaría el decreto ejecutivo emitido por el ex presidente Oscar Arias que declaró a Crucitas de interés público y conveniencia nacional, con esa medida el gobierno quitaría los pocos beneficios que aún tiene el proyecto.

A pesar de estos percances, la empresa anunció que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica determinó que las objeciones a los permisos y las autorizaciones otorgadas para que pueda desarrollar su proyecto de oro Crucitas carecen de mérito.

En tanto, Infinito cuenta con el apoyo constante de la Cámara de Minas de Costa Rica (CMCR). Esta última también está buscando medidas legales para solicitar al gobierno revocar la moratoria, dijo hace poco a BNamericas el presidente de la cámara, Franz Ulloa.

"A pesar de que se trata de un asunto gubernamental, estamos consultando con abogados especializados sobre cómo podemos llevar una petición de este tipo en los tribunales, incluida la Corte Constitucional", agregó.

La moratoria es el resultado de un decreto presidencial y en estos momentos no es una ley o una normativa, dijo Ulloa. "Es por eso que consideramos que tenemos las bases legales para solicitar su eliminación".

"La cámara respalda el desarrollo de Crucitas y está de acuerdo con que el proyecto debe ejecutarse porque ha cumplido con todos los requisitos y los informes técnicos que se han presentado", agregó.

No obstante, al parecer el gobierno prefiere que otros países produzcan metales, mientras Costa Rica debe importar lo que necesita el país.

En medio de tantas restricciones, esa fue una buena noticia que no brilló como debiera, puesto que el proyecto aún está en medio de un dilema dado que necesita que las instituciones públicas, como el Ministerio de Ambiente, Energía y Comunicaciones (Minaet), la Dirección de Geología y Minas y la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) le vuelvan a otorgar los permisos que tienen prohibido otorgar.

"Es un círculo vicioso que está ayudando a desaparecer la minería en Costa Rica. Lamentablemente la minería está muerta, por mucho tiempo no habrá minería en el país", comentó Ulloa.